El
investigador Hinkes-Jones está mostrando que la mercantilización de la
investigación científica, es decir convertir todo tipo de conocimiento
científico que puede modificar, mejorar la posibilidad de sobrevivencia de la
población en una mercancía más es un hecho comprobable. De modo tal que se
comportará en el mercado de acuerdo a las reglas que imponen sus supuestas leyes –la oferta y la demanda−.
Por tal razón, la posibilidad de su utilización por un paciente dependerá de
los ingresos económicos de él. Leamos sus palabras:
Sin embargo, a pesar
de la importancia del descubrimiento por su potencial para salvar vidas, el
costo de las pruebas BRCA1 y BRCA2 resulta prohibitivo. Con 4.000 dólares por
prueba, es cuatro veces más caro que una secuenciación genética completa. El
hecho de que el precio de una evaluación que puede prevenir una enfermedad
mortal sea tan desorbitado se debe única y exclusivamente a la voluntad de una
empresa, Myriad Genetics.
La
utilización de la palabra empresa
para referirse Myriad Genetics debe entenderse como un subrayado con el cual
denuncia que el único y fundamental propósito de ella es ganar todo el dinero
posible, sin importar que muchos queden excluidos de su posible utilización por
no estar en condiciones de comprarlo:
Aunque el Tribunal
Supremo de EE UU acaba de denegar la pretensión de Myriad de patentar los genes
BRCA1 y BRCA2, declarando que los genes humanos no son patentables, Myriad
sigue ejerciendo su monopolio sobre la prueba de susceptibilidad al cáncer de
mama.
Debemos
enfrentarnos ahora con dos conceptos que para sorpresa de aquel ciudadano ingenuo,
del que hablé antes, pueden no comprenderse: el Tribunal Supremo de los EEUU y una empresa comercial. Dice el supuesto compartido por todo ciudadano
medianamente informado que lo que dice la
ley debe cumplirse, mucho más aún si ella es el resultado de la instancia superior de ese país, país que
tiene fama de lo riguroso que es ante cualquier tipo de incumplimiento. Ese
mismo supuesto nos hace pensar que una empresa
comercial es una persona jurídica que no puede sustraerse a ningún tipo de
fallo judicial. Pues bien la empresa sigue actuando como si ese fallo no se
hubiera producido. Nuestro investigador agrega:
Lo peor de esta
política de precios de Myriad es que gran parte de los costos de desarrollo de
las pruebas BRCA1 y BRCA2 ya han sido sufragados por el público. La
investigación encaminada a identificar esos genes como desencadenantes de
procesos cancerosos se financió con dinero público a través de la facultad de
medicina de la Universidad de Utah. Myriad Genetics no es otra cosa que una
empresa creada por científicos de la universidad con miras a apropiarse de la
patente tras el descubrimiento de la prueba.
Este
último paso de su investigación nos coloca ante una denuncia que debería ser un
hecho inaceptable, algo impensable para el ámbito científico: el costo de toda
la investigación ha sido financiado por
el erario público, razón por la cual deberíamos suponer que no puede ser
incluido dentro de los costos de producción del medicamento cuando éste se
convierte en un bien comercial. ¿Cómo
es posible que esto se haya hecho?:
Esto es posible al
amparo de la ley Bayh-Dole. En 1980, cuando fue promulgada, esta ley pretendía
impulsar la innovación en la investigación académica. Dando vía libre a las
universidades a la explotación de sus descubrimientos científicos, el sistema
universitario podría así recaudar más dinero para financiarse. Para remunerar
su trabajo, los centros académicos de investigación científica podían a partir
entonces de vender sus patentes o
conceder licencias exclusivas a la industria privada. Con el monopolio sobre la
propiedad intelectual que le otorgaba la patente, el sector privado se vería
incentivado para desarrollar rápidamente esas patentes y crear productos de
consumo y servicios.
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