El negocio de las investigaciones medicinales V

 La ola ideológica que se derramó sobre el planeta, denominada neoliberalismo, no es más que una cobertura con pretensiones filosóficas que intenta disimular la codicia del gran capital. Retomemos la lectura de la investigación de Llewellyn Hinkes-Jones. El predominio del lucro como objetivo excluyente de la investigación médica alteró las reglas que predicaban que el logro de un medicamento para ayudar a personas enfermas era recompensa suficiente. Por ello dice:

El afán de lucro que ha invadido el sistema de investigación científica actual ha hecho que este ya casi no tenga nada que ver con el que rodeaba a Jonas Salk cuando descubrió el remedio para la poliomielitis. En efecto, su descubrimiento, que ayudó a millones de personas que sufrían esta enfermedad incapacitante, fue cedido gratuitamente. Mientras Salk se preguntaba retóricamente si era aceptable “patentar el sol” para hacer negocio, la carrera actual por patentar descubrimientos se acerca rápidamente a esa proposición absurda. Aunque la inversión en la enseñanza pública y el impulso del desarrollo de nuevas tecnologías han de estar al servicio del bien público, la influencia del capital privado tiene un efecto en gran medida corruptor.

En los Estados Unidos, con el inicio de la era Reagan, la ola privatista avanzó sobre diversas áreas de la actividad socio-económica. Toda posibilidad de ganar dinero era apetecible para presionar por su privatización. Latinoamérica y, por supuesto, nuestra Argentina no fue excluida de esas políticas. Los ochenta, y con mayor intensidad los noventa, fueron transfiriendo a la esfera privada gran parte de la actividad más importante. Una muestra más de ello nos la comenta nuestro investigador:

Combinada con el fuerte declive de la financiación estatal de la enseñanza, la ley Bayh-Dole ha contribuido a privatizar el sistema universitario público. Al escasear los fondos públicos, las universidades han pasado a depender cada vez más de la inversión privada a base de subvenciones y donativos. Y ese dinero produce efectos corrosivos en las academias. En ningún otro sector este conflicto de intereses es tan evidente como en el farmacéutico y el biotecnológico. Ocurre a menudo que profesores de esas especialidades reciben dinero por firmar artículos de prensa escritos por empleados de empresas privadas, para promocionar medicamentos y por desarrollar fármacos más en función de su potencial de mercado que del bien público. A cambio de su colaboración ganan enormes honorarios de asesoramiento y gozan de lucrativos contratos para hablar en conferencias financiadas por la industria.

Para conocer qué aportaba al negocio la ley Bayh-Dole recurro a una investigación del Doctor Mario Cervantes, Economista de la División de Política Científica y Tecnológica del Directorado de Ciencia, Tecnología e Industria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quien escribe lo siguiente:

En 1980 se promulgó en los Estados Unidos lo que todos convienen en considerar una ley que ha sentado jurisprudencia a saber, la Ley Bayh-Dole, en cuya virtud, los beneficiarios de fondos federales para actividades de Investigación y Desarrollo tienen derecho a patentar invenciones y conceder licencias a empresas. La finalidad primordial de esa ley era promover la explotación de los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado mediante la transferencia de la titularidad de los mismos del Gobierno a las Universidades y a otros contratistas a fin de que, a su vez, puedan conceder licencias sobre los activos de Propiedad Intelectual (PI) a empresas. Aunque ya antes de promulgarse la Ley Bayh-Dole se realizaban actividades de patentamiento en las universidades estadounidenses, en modo alguno era algo sistemático. A finales de los años 90, y siguiendo el ejemplo normativo de los Estados Unidos, muchos otros países de la OCDE procedieron a reformar sus normativas de financiación de investigaciones y/o legislación laboral de modo que las instituciones de investigación pudieran presentar solicitudes, pasar a ser titulares y conceder licencias sobre la P.I. generada a partir de fondos públicos para investigación.